POLITICAS LABORALES

artículo de prensa…

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo no se ha visto acompañada de un adecuado equilibrio en el reparto de las tareas dedicadas al hogar y a la familia,  ni de una suficiente creación de servicios de apoyo dirigidos al cuidado de los hijos y de las personas mayores dependientes.

 

La necesidad de conciliar la vida laboral y familiar se presenta asociada a un intenso proceso de cambio de la sociedad española en ámbitos muy diversos: desde las nuevas tendencias demográficas o la modificación de las características de los hogares y de las familias, a la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo, la modificación de los valores sociales de convivencia asociados a la propia concepción del trabajo y del reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres o al desarrollo de los sistemas de protección social.

 

Cambios claves en el futuro de nuestras sociedades que apuntan no solo a la importancia de las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, así como a su necesaria transversalidad nacida de su propia complejidad, sino que en el caso de España, con importantes niveles de descentralización política territorial, requieren la actuación coordinada de las diferentes administraciones y agentes sociales que actúan en los distintos territorios de un estado plural como el que caracteriza al Estado de las Autonomías.

 

El fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar es una cuestión que ha recibido una progresiva atención en los últimos años en España por parte de la Administración Pública, desde diferentes ámbitos de actuación (tanto sectoriales como territoriales).

 

 Un hecho motivado por la combinación de diversos factores, tales como: la magnitud creciente del fenómeno de la doble jornada (como consecuencia, entre otros aspectos, de la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo); el impulso externo procedente de las políticas elaboradas en el ámbito comunitario sobre esta materia; o el papel de los agentes sociales que han impulsado en los últimos años diversos acuerdos orientados a reforzar el fomento de la conciliación en las empresas a través de la negociación colectiva.

 

En este marco, las políticas dirigidas a la conciliación en el ámbito de la Administración Central se estructuran fundamentalmente en torno a dos ejes de actuación:

 

Por una parte, mediante la elaboración de normas sobre esta materia, entre las que destaca particularmente la Ley 39/1999 de 5 noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas. Una ley cuyo objetivo es la transposición al ordenamiento jurídico español de dos Directivas comunitarias, aunque ampliando los niveles mínimos de protección previstos en las mismas.

 

En cuanto al contenido de esta Ley, que constituye el principal hito normativo sobre esta materia, se ha señalado desde una perspectiva crítica que su contenido se centra exclusivamente en el ámbito laboral, sin adoptar un enfoque integral que —por ejemplo— impulse el papel de los servicios públicos en el cuidado de personas dependientes (una cuestión central para el desarrollo de la conciliación).

Igualmente, se ha señalado que —si bien se facilita la asunción de responsabilidades familiares— en cambio no se promueve los cambios en los roles

tradicionalmente asumidos por mujeres y hombres, con el objetivo de que los derechos de conciliación dejen de ser utilizados mayoritariamente por las primeras.

 

En segundo lugar, mediante la articulación de diferentes tipos de medidas, recogidas en cuatro planes de acción sectorial, concretamente: el Plan Integral de Apoyo a la Familia (2001-2004); el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (2003-2006); el II Plan Nacional de Acción para la Inclusión

Social (2003-2005); y el Plan Nacional de Acción para el Empleo (de carácter anual). En este sentido, la elaboración y ejecución de estos planes —así como de otras actuaciones en el ámbito normativo— permiten apuntar la creciente importancia que ha cobrado el fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar en la agenda política de la Administración Central en España.

 

No obstante, desde una perspectiva crítica, resulta necesario señalar asimismo que los esfuerzos dirigidos a la implementación de medidas concretas en este campo en el ámbito estatal adolecen de algunas carencias, como son:

 

En primer lugar, su grado de dispersión, en la medida en que existen diferentes planes de acción sectorial que abordan el tema de la conciliación, cada uno de los cuales contempla distintas medidas —en algunos casos coincidentes— con diversos grados de concreción y cuyo nivel de desarrollo no es fácil de determinar, debido

a la falta de evaluación y seguimiento sistemático.

 

En segundo lugar, un predominio del enfoque programático frente al enfoque presupuestario. Y, finalmente, la existencia de un cierto desequilibrio, por el protagonismo de las medidas de carácter estrictamente laboral frente a las carencias en materia de servicios e infraestructuras de apoyo al cuidado de niños y otras personas dependientes.

 

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