Más allá de las desigualdades de género en el mercado de trabajo

Mafalda-Basta

La relegación de la mujer al ámbito privado y la consiguiente división sexual del trabajo, que determina que es responsabilidad exclusiva de las mujeres el desempeño de las tareas domésticas, constituye un gran impedimento para el logro de su autonomía y crecimiento personal en la medida en que su rol de madre-esposa representa limitaciones al momento de incorporarse al mercado de trabajo. En este sentido es necesario mencionar que una de las razones que dificulta el que las mujeres víctimas de violencia de género logren romper con ese ciclo de violencia es la falta de una autonomía económica. Dado que un gran número de mujeres en los países menos desarrollados no cuentan con un empleo decente donde obtengan los ingresos necesarios que les permita ser autosuficientes y mantenerse a sí mismas y a sus hijos e hijas, muchas mujeres víctimas de violencia de género se encuentran irremediablemente atadas a la dependencia económica del marido. En esta línea, los resultados de una investigación hecha por Strube y Barbour en 1983 (citado en Echeburúa, 1998) señalan que luego de 18 meses de seguimiento el 38% de las víctimas volvió con el maltratador y que aquellas mujeres que no cuentan con un trabajo remunerado tienen una probabilidad menor de dejar la relación. Al replicar dicho estudio, los autores concluyeron que algunas de las variables predictoras del mantenimiento de una relación de maltrato en orden de importancia son la falta de empleo, la privación económica, estar enamorada y no tener un lugar seguro donde ir. Asimismo, existe una serie de factores como la dependencia económica de las mujeres hacia el agresor, la falta de recursos, la carencia de apoyo ambiental y la vergüenza social, que favorecen la continuidad de la relación abusiva. Esta información deja al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres frente a un sistema social que promueve las desigualdades en el acceso a los derechos humanos y de ciudadanía entre sus miembros.

violenciaFernández-Montalvo (citado en Echeburúa, 1998) considera que para la prevención de la violencia es indispensable la reducción de situaciones de pobreza, de marginalidad, de falta de recursos y oportunidades, con lo cual se puede suponer que en la medida en que existan medios que permitan a la mujer ingresar al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres en esa medida se estará contribuyendo a la prevención de la violencia de género.

Si a la violencia de género se le suma la violencia económica que sufren muchas mujeres, la situación empeora. Ésta consiste en la exclusión, discriminación y privación del acceso y control de los recursos a los grupos de población más vulnerables, específicamente las mujeres. Con esto se evidencia como el concepto de violencia no sólo hace referencia a golpes y gritos, sino que también comprende todas las acciones donde hay uso del poder y la fuerza, por parte principalmente de los hombres, pero también de instituciones e incluso sistemas sociales, que produce algún daño en las mujeres aunque éste no sea en apariencia visible. La violencia económica se enmarca dentro de las violencias estructurales y constituye un factor de riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género.

Lo anterior refleja cómo las desigualdades que hay entre hombres y mujeres con respecto conllevan serias consecuencias en detrimento del bienestar social de las mujeres.

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