La penalización del aborto terapéutico en Nicaragua

El aborto terapéutico es un procedimiento médico que en Nicaragua se realizaba legalmente cuando la vida de una mujer se encontraba en riesgo, el feto o embrión presentaba daños irreversibles o el embarazo era fruto de una violación o incesto.

Nicaragua es uno de los pocos países en Latino América que prohíbe y sanciona el derecho de las mujeres al aborto terapéutico desde el año 2006. Antes de esa fecha era lícito,  justificado por razones médicas. http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92236

En el mes de octubre del año 2006, apenas un mes antes de las elecciones nacionales presidenciales, la jerarquía de la iglesia católica y algunos grupos de la iglesia evangélica del país, comenzaron a hacer presión pública para la derogación de la figura del aborto terapéutico del Código Penal vigente.

Si bien es cierto que la figura jurídica del aborto en la legislación nicaragüense nunca estableció las circunstancias en las que se permitía ni tampoco reivindicaba el derecho de las mujeres a decidir plenamente sobre su sexualidad y sus cuerpos, sí disponía de un resquicio legal para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres.

Los diversos mensajes pastorales de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), las campañas de la iglesia y los grupos denominados ProVida, que promulgan la sanción del aborto en todas sus formas, esgrimen un sinnúmero de argumentos de tipo ético y religioso, que reivindican el derecho a la vida, afirmando que la sanción del aborto es un mecanismo legal que evitará su práctica. Sin embargo, la derogación del aborto terapéutico ha afectado negativamente el acceso a la salud de las mujeres, especialmente de las más pobres, ante la negativa del personal médico de atender embarazos de riesgo por el temor a ser enjuiciados.

Con la derogación del aborto terapéutico se deja sin opciones a la mitad de la población del país y se pone en gravísimo riesgo la vida de mujeres cuyo embarazo es su principal riesgo, exponiéndolas a un conjunto de complicaciones sicológicas y biológicas al verse obligadas a recurrir a la realización de abortos inseguros, lo que ha incidido en el incremento de los índices de mortalidad materna en el país.

El proceso inconstitucional de restricción del aborto terapéutico visibilizó la existencia de una sociedad altamente conservadora, de una clase política poco consistente en términos ideológicos, oportunista y dispuesta a someterse a las ideas más atrasadas con tal de obtener votos y manipular la opinión pública a favor de sus propios intereses, poniendo el cuerpo de las mujeres al servicio de la opinión pública, de la iglesia y del gobierno.

En ese marco, el aborto ha sido utilizado como un mecanismo electorero de los grupos de poder que claramente violan el estado de derecho de una sociedad constitucionalmente laica, y de un país firmante de acuerdos y convenciones internacionales que abogan por la salud y los derechos de las mujeres.

La efervescencia de discursos políticos y religiosos sobre el aborto en estos contextos afecta el estado de derecho de un país empobrecido y de una sociedad civil fragmentada y excesivamente conservadora. La polarización que dichos discursos suscitan en la población influye en que ésta no logre posicionarse firmemente en contra de la penalización del aborto y en que la voz de las mujeres al respecto quede silenciada. Precisamente, las diversas posturas que existen sobre el tema en Nicaragua indican la fragilidad de una sociedad que no logra reafirmar su democracia al no cuestionar el estatus quo.

La anulación del aborto terapéutico como figura jurídica que salvaguarde la vida de la mujer en circunstancias especiales muestra, por un lado, la incapacidad del gobierno de actuar según derecho en temas que son única y exclusivamente competencia del estado, pero ante todo evidencia la discriminación sexista y misógina que permanece oculta en las valoraciones morales de los grupos conservadores de la iglesia católica y de los partidos políticos, al negar a las mujeres y a las niñas un tratamiento que solo ellas necesitan.

En Nicaragua se ha dado una amplia discusión sobre el tema entre las cúpulas intelectuales del país, sin embargo no se conoce con profundidad lo que piensan las mujeres que están fuera de estos grupos. Así, es necesario plantearse estrategias de incidencia e investigación que permitan conocer lo que las mujeres opinan sobre los temas que les afectan. Esa es la única manera de garantizar la legitimidad de cualquier política pública que les vincule y contribuir al reconocimiento de que la situación de las mujeres debe ser el primer indicador del estado de democracia de cualquier nación.

 

 

 

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  1. No entiendo como una ley que estaba aprobada puede ser cambiada solo porque la Iglesia y los partidos políticos de derecha estén desacuerdo. Ellos miran por su interes y no piensan en ningún momento en la salud de esa mujer que está embarazada y su embarazo trae riesgo, y al final tienen que ir a abortar a sitios ilegales que les pueden producir enfermedades o peor, no poder tener hijos nunca más.

    Y un gobierno del siglo 21 ¿Cómo puede permitir esto? Pues porque todo lo manipulan los partidos políticos, que siempre por estar en contra de su oposición buscan cambiar alguna ley solo por molestar, aunque la sociedad de ese país esté en desacuerdo.

    • Tiene mucha razón en el pequeño énfasis en donde recalcó la peligrosidad de los sitios en donde practican abortos terapéuticos que en nuestro país son ilegales, pero , porqué abortar? ¿que es un embarazo riesgozo ? puede ser pero eso no le da derecho a la madre a quitarle la vida a su propio hijo. y aunque la vida de la madre este en peligro es mejor someterse a los cuidados médicos necesarios para tratar de salvar a la criatura, si no en donde queda, lo de que se dice: que la madre da la vida por su hijo?

  2. El cuerpo de la mujer como opción de discurso político sigue siendo una de las herramientas principales de poder sobre todo en términos natalistas o antinatalistas.

    Las instituciones políticas tienen que estar para dar a conocer derechos y deberes a la ciudadanía y para formar a ciudadanos y ciudadanas en este campo, no para regir la ética y la moralidad normativa.

    Es una realidad que los abortos se practican, por lo que deberíamos de velar , es para que se hagan en condiciones salubres y seguras para las personas.

    No solo en Nicaragüa cambia la penalización del aborto , sino que en España hoy por hoy se debate si la decision materna puede ser una causa totalmente justificable para realizar un aborto o debe de tener una causa orgánica-médica-psiquiátrica que lo justifique.


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