Desigualdades de género en los mercados de trabajos

Buscando información sobre la desigualdad de género en el mercado laboral, me topé con un artículo muy interesante, escrito por Paqui Rivero, que intentaré describir a continuación. http://www.stes.es/comunicacion/clarion/clarion10/EC10_222324.pdf

La autora hacía énfasis en la necesidad de analizar lo que socialmente entendemos como trabajo. Además, insistía en la necesidad de comprender, en primer lugar, que el trabajo no sólo significa realizar una actividad remunerada que nos permita cubrir los costos necesarios para la supervivencia, sino que lo es aquello que usualmente damos por sentado, como natural y exclusivo de las mujeres: el cuido y el trabajo doméstico.

¿Cuál es el costo de este trabajo? ¿Qué pasaría con el orden social de la vida humana sin el trabajo que las mujeres realizan en el espacio privado? ¿Qué impacto tendría su ausencia o su contabilización en la economía de un país, de un hogar? Todas estas son preguntas que suscitan a la visibilización de una realidad unívoca: las mujeres son sujetos sociales que, aún sin reconocimiento formal, aportan a las economías de los países en los que viven.

Ciertamente, el mercado laboral ha incrementado a pasos gigantescos y las mujeres hemos entrado en él en condiciones cada vez más igualitarias en relación a nuestros homólogos masculinos. Sin embargo, la desigualdad en el reparto de empleos es muy notoria y generalmente cambia cuando aparecen los hijos e hijas.

La tasa de empleos de medio tiempo para las mujeres es más alta cuando debemos cuidar a algún miembro de la familia o hacernos cargo de las tareas del hogar. Así mismo, las mujeres que accedemos al trabajo asalariado sufrimos de una segregación ocupacional que tiene un doble carácter; la concentración en determinadas ramas profesionales (las áreas sociales fundamentalmente) y la concentración en los puestos más bajos de las empresas, por tanto, menos remunerados.

De tal manera que, aun cuando hoy en día las mujeres estudiamos en promedio más años que los hombres,  los diversos sectores laborales continúan contratando a más hombres que a mujeres en los puestos más remunerados, que evidentemente no son los trabajos sociales, sino aquellos vinculados con la empresa privada. Esto es debido principalmente a los gastos por maternidad a los que los empleadores están sujetos cuando las mujeres deciden tener un hijo/a; hijos/as que en última instancia serán la mano de obra que estas mismas empresas requerirán.

Esto también se ve reflejado en los salarios. La mujer suele percibir, en promedio, 30% menos que el hombre.  Esto sin mencionar la precariedad laboral en la que muchas son contratadas. Ciertamente el empleo precario no es una condición laboral que afecta exclusivamente a las mujeres, pero es innegable que son ellas las que bajo esta forma de empleo, se ven más expuestas al acoso sexual, siendo una problemática poco denunciada debido al miedo de perder el trabajo o ser sujeta a represalias.

Conscientes de que estas son problemáticas que expresan determinadas creencias y estereotipos de género, vinculadas con el papel histórico y social asignado a la mujer en la esfera privada y pública, toda la problemática descrita se centra en la función reproductiva de la mujer y en su rol maternal o en la maternidad propiamente dicha.

El que estas funciones de la vida social sean asignadas única y exclusivamente a las mujeres es parte fundamental del problema. Mientras las hijas e hijos, el cuido de los demás y el trabajo en el hogar no sean compartidos y los estados continúen haciéndose de la vista gorda al no crear los mecanismos y la infraestructura necesaria para el cuidado de las personas y la crianza de los hijos (guarderías, por ejemplo), las mujeres seguiremos ante la dificultad de separar la vida maternal de la vida laboral y de la vida personal de las mujeres. Problemas a los que, por esa misma construcción social, los hombres no se ven expuestos.

Así, la visibilización del aporte que las mujeres hacemos desde el trabajo doméstico no remunerado es necesario, pero lo es también el cuestionar la función reproductiva y la maternidad como exclusivos de las mujeres. Todo lo descrito genera violencia y en ello destacamos la violencia económica, entendida como la imposibilidad o dificultad de no acceder a los recursos económicos más elementales en igualdad de condiciones, sin discriminación ni exclusión.

 

 

 

 

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La penalización del aborto terapéutico en Nicaragua

El aborto terapéutico es un procedimiento médico que en Nicaragua se realizaba legalmente cuando la vida de una mujer se encontraba en riesgo, el feto o embrión presentaba daños irreversibles o el embarazo era fruto de una violación o incesto.

Nicaragua es uno de los pocos países en Latino América que prohíbe y sanciona el derecho de las mujeres al aborto terapéutico desde el año 2006. Antes de esa fecha era lícito,  justificado por razones médicas. http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92236

En el mes de octubre del año 2006, apenas un mes antes de las elecciones nacionales presidenciales, la jerarquía de la iglesia católica y algunos grupos de la iglesia evangélica del país, comenzaron a hacer presión pública para la derogación de la figura del aborto terapéutico del Código Penal vigente.

Si bien es cierto que la figura jurídica del aborto en la legislación nicaragüense nunca estableció las circunstancias en las que se permitía ni tampoco reivindicaba el derecho de las mujeres a decidir plenamente sobre su sexualidad y sus cuerpos, sí disponía de un resquicio legal para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres.

Los diversos mensajes pastorales de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), las campañas de la iglesia y los grupos denominados ProVida, que promulgan la sanción del aborto en todas sus formas, esgrimen un sinnúmero de argumentos de tipo ético y religioso, que reivindican el derecho a la vida, afirmando que la sanción del aborto es un mecanismo legal que evitará su práctica. Sin embargo, la derogación del aborto terapéutico ha afectado negativamente el acceso a la salud de las mujeres, especialmente de las más pobres, ante la negativa del personal médico de atender embarazos de riesgo por el temor a ser enjuiciados.

Con la derogación del aborto terapéutico se deja sin opciones a la mitad de la población del país y se pone en gravísimo riesgo la vida de mujeres cuyo embarazo es su principal riesgo, exponiéndolas a un conjunto de complicaciones sicológicas y biológicas al verse obligadas a recurrir a la realización de abortos inseguros, lo que ha incidido en el incremento de los índices de mortalidad materna en el país.

El proceso inconstitucional de restricción del aborto terapéutico visibilizó la existencia de una sociedad altamente conservadora, de una clase política poco consistente en términos ideológicos, oportunista y dispuesta a someterse a las ideas más atrasadas con tal de obtener votos y manipular la opinión pública a favor de sus propios intereses, poniendo el cuerpo de las mujeres al servicio de la opinión pública, de la iglesia y del gobierno.

En ese marco, el aborto ha sido utilizado como un mecanismo electorero de los grupos de poder que claramente violan el estado de derecho de una sociedad constitucionalmente laica, y de un país firmante de acuerdos y convenciones internacionales que abogan por la salud y los derechos de las mujeres.

La efervescencia de discursos políticos y religiosos sobre el aborto en estos contextos afecta el estado de derecho de un país empobrecido y de una sociedad civil fragmentada y excesivamente conservadora. La polarización que dichos discursos suscitan en la población influye en que ésta no logre posicionarse firmemente en contra de la penalización del aborto y en que la voz de las mujeres al respecto quede silenciada. Precisamente, las diversas posturas que existen sobre el tema en Nicaragua indican la fragilidad de una sociedad que no logra reafirmar su democracia al no cuestionar el estatus quo.

La anulación del aborto terapéutico como figura jurídica que salvaguarde la vida de la mujer en circunstancias especiales muestra, por un lado, la incapacidad del gobierno de actuar según derecho en temas que son única y exclusivamente competencia del estado, pero ante todo evidencia la discriminación sexista y misógina que permanece oculta en las valoraciones morales de los grupos conservadores de la iglesia católica y de los partidos políticos, al negar a las mujeres y a las niñas un tratamiento que solo ellas necesitan.

En Nicaragua se ha dado una amplia discusión sobre el tema entre las cúpulas intelectuales del país, sin embargo no se conoce con profundidad lo que piensan las mujeres que están fuera de estos grupos. Así, es necesario plantearse estrategias de incidencia e investigación que permitan conocer lo que las mujeres opinan sobre los temas que les afectan. Esa es la única manera de garantizar la legitimidad de cualquier política pública que les vincule y contribuir al reconocimiento de que la situación de las mujeres debe ser el primer indicador del estado de democracia de cualquier nación.

 

 

 

El cuerpo femenino: La maternidad y el trabajo no remunerado

Los cuerpos de las mujeres han sido y continúan siendo los principales rehenes de todos los sistemas de dominación, porque solo desde la reglamentación de los cuerpos en clave jerárquica es posible construir significados esencialistas que cumplen la función de legitimar todo tipo de discriminaciones

María Teresa Blandón

 A finales del 2011, el Programa Feminista La Corriente de Nicaragua publicó el estudio Los cuerpos del feminismo nicaragüenses.

http://es.scribd.com/doc/62552347/Los-Cuerpos-Del-Feminismo-Nicaraguense

Este estudio, certero y analítico, muestra hallazgos interesantes sobre la trayectoria de los feminismos nicaragüenses, sin embargo, yo deseo centrar la discusión en torno al recorrido teórico y analítico que sobre la concepción del cuerpo femenino hacen las investigadoras.

Así, deseo iniciar afirmando que el cuerpo es fuente de opresión, pero lo es también de emancipación . Sabemos que el género tiene una carga cultural, social y simbólica sobre la que, en la lógica del pensamiento binario y dicotómico, unos cuerpos importan más que otros. La maternidad, a partir de la cual el significado del cuerpo femenino cobra una inequívoca expresión, define como condición que se es mujer, solo sí y a condición de, una única manera posible, siendo madre.

Bajo este pensamiento, que no acepta nuevos referentes emancipatorios, el ser madre lo es y lo significa todo. Las mujeres existimos como extensión de esa realidad biológica, nunca fuera de ella. Bajo este pensamiento biologisista y naturalizador, el cuido a los demás, el trabajo doméstico y la crianza de los hijos son tareas propias de las mujeres y por tanto carecen de valor.

El planteamiento político y económico de las mujeres y feministas por la emancipación de la mujer ha girado siempre en torno al control y poder que actúa sobre esos cuerpos. Así, los cuerpos son una construcción social, regulados por el poder político, económico y religioso, que a la vez coexiste con el poder desde dentro, desde el deseo, el placer y la razón, que puede ser controlado, redefinido y problematizado por una misma, y así, desde esa postura, reclamar el derecho a la autonomía.

El feminismo reivindica la importancia política de liberar el placer como proyecto de emancipación del cuerpo femenino. Vivir nuestros cuerpos desde el placer nos hace apropiarnos de él; decidir sobre éste es alcanzarlo. Nadie puede hacerlo bajo la dominación de otros. Pensar desde el deseo, es transgredir el estatuto patriarcal de la maternidad, es concebirnos de una manera opuesta al discurso hegemónico, es re-plantearnos nuestra función política, económica y social como mujeres, en el término más amplio de la palabra, más que como madres.

Hoy por hoy, el debate plantea nuevas estrategias de lucha, ya no solo para que el trabajo doméstico y el cuido a los demás sea valorado en términos económicos, sino también para que las mujeres que están incorporadas al mercado laboral y que además son madres, puedan seguir teniendo el mismo poder en la esfera pública y profesional que sus compañeros hombres, padres de sus hijos e hijas.  Para que esto sea posible, es necesario democratizar la casa, de-construir la maternidad e incluir en nuestro lenguaje la labor e importancia de la paternidad, desde el término más amplio de la palabra, en el ámbito privado.

Paridad y participación política de las mujeres

Los movimientos de mujeres en el mundo se insertan en un marco político y social determinado. El feminismo sufragista marcó la pauta en esta lucha, nunca universal ni heterogénea, sino más bien diversa y fuertemente matizada por aspectos identitarios de clase, etnia y religión en la que, tal cual afirma la feminista afroamericana bell hooks, lo que se comparte no son las mismas formas de opresión, sino la lucha por acabar con ellas.

Hoy por hoy, la mayoría de países en el mundo contemplan como un derecho constitucional el sufragio en igualdad, no obstante, este mandato legislativo suele circunscribirse casi exclusivamente al derecho al voto, no así a la posibilidad de las mujeres de ser elegidas o de participar política y económicamente en la vida pública en condiciones de paridad. Tal cual afirma Judith Butler, “el ingreso de las mujeres a la vida pública no ha provocado una erosión de los roles de género como tales; más bien ha obligado a una redefinición del papel de la mujer en la sociedad en su conjunto, lo que, en lugar de eliminar sus responsabilidades de género tradicionales, las ha incrementado, mientras que las de los hombres han seguido siendo más o menos las mismas”.

El modelo de la igualdad como diferencia es el que según la jurisprudencia de algunos países, entre ellos España, posibilita el establecimiento de cuotas para las mujeres en la legislación electoral, sin embargo este modelo suele entender las desigualdades como hechos de facto, que la ley formal no logra modificar. Si esto se asume tal cual, pareciera que la legislación y sus instrumentos jurídicos de poder buscan mantener el  “status quo” de quienes detentan el poder político, es decir: los hombres.

La asignación de cuotas ha sido una herramienta valiosa para obligar a  los partidos a la incorporación política de las mujeres, sin embargo no se ha logrado romper con las barreras culturales y estructurales que impiden o dificultan una mayor participación de las mujeres en las estructuras de poder. Quizás por ello la participación política de las mujeres se ha dado a base del trabajo voluntario y no remunerado en el ámbito comunitario y las ONG`s, espacios que les han permitido ser agentes de presión para el cambio de agendas políticas en los partidos y gobiernos.

La participación política de las mujeres como expresión democrática y ciudadana es posible solo si se contextualizan los espacios culturales y de género en los que existen. Esto permitiría la elaboración de estrategias políticas concretas, desde lo cotidiano en la vida diaria de las mujeres, hasta lo global, en el marco de las políticas públicas. Así, re-surge la necesidad de desprenderse de modelos tradicionales que circunscriben a la mujer y su partición política en un sistema jurídico de poder que reproduce el poder mismo desde una lógica patriarcal.

Aún cuando la inclusión paritaria y en igualdad de las mujeres en las esferas políticas y estructuras de poder siguen siendo una tarea pendiente, el que algunas pocas lo estén logrando es una estrategia que, en dependencia de la incidencia, los pactos y las alianzas en sororidad que con ellas ejerzan las “otras”, permitirá romper las barreras existentes y exigir a los partidos y espacios de poder la incorporación de demandas vinculantes y el respeto de las cuotas establecidas y pactadas.