El Ecofeminismo: una vacuna eficaz contra la pandemia capitalista

Comienza Yayo Herrero su interesante videoconferencia narrando la conformación de la potente alianza que sostuvieron un incipiente capitalismo y el patriarcado ya vigente en los albores de la era preindustrial. Diferentes elementos coadyuvaron a esa fortaleza y perdurabilidad hasta nuestros días; por un lado, la interesada equiparación entre categorías lógicas de dualismos, acuñados por la filosofía racionalista (Descartes, Bacon o Newton), entre lo masculino, superior jerárquico, y la razón, identificándose así, claramente, con la ciencia y el progreso, y por el otro lado, la corporeidad, la naturaleza, o el inferior jerárquico femenino.

Otro de los elementos de la potente amalgama fue la revolución científica, acaecida en esos siglos XVII y XVIII, con un claro sesgo andrógino, y que observaba la naturaleza como si fuera un mecanismo automático del que, sabidas sus leyes de funcionamiento, era perfectamente previsible y dominable, al igual que sucede con las mujeres, recluídas en el ámbito del hogar. Se erige así la Ciencia como una nueva Religión, incontestable y no siempre incontestada, puesto que aquellas mujeres que se atrevían a desafiarla, u oponerse a ese statu quo, eran tachadas de brujas, perseguidas y ajusticiadas como refiere Silvia Federici en su obra «Caribán y la bruja».

A su rebufo, surge el Capitalismo que, en virtud de ese predominio sobre lo carnal, efímero o natural, vital en suma, se siente legitimado para apropiár y explotar la Naturaleza, sin control ni conocimiento. Trae Herrero a colación, las dos subcorrientes más importantes del ecofeminismo (esencialismo y constructivismo), y que a pesar de algunas reticencias que la primera de ellas le suscita, cree firmemente que el ecofeminismo es la propuesta más seria por la que transitar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El mismo sesgo androcéntrico y patriarcal que rezuma la ciencia, destila la economía, convertida así en la más patriarcal y refractaria al feminismo de todas las disciplinas científicas. Dentro de la economía, relata Herrero, tuvo que vindicar la única mujer hasta entonces ganadora de un premio Nobel de economía, frente al canon neoclásico que detentan sus colegas varones, el papel fundamental que las mujeres desarrollan en el ámbito doméstico y no remunerado, y que la propia disciplina se ha encargado de ignorar y de invisibilizar en contraposición al ámbito mercantil: se confunde insidiosamente precio con valor, y solo lo monetizable ha de contar para el análisis macro y microeconómico, ignorando de este modo las tareas de cuidados y de afectos, la sustentabilidad de la vida y el desarrollo humano en resumen, y que tan bien ha interpretado C. Carrasco en su extensa obra.

En este punto, es de justicia citar a Mª Á. Durán, experta socióloga y estudiosa en el tema de los cuidados («cuidatoría», lo denomina), que plantea que el crecimiento exponencial de la cantidad de personas ancianas, requerirá de soluciones satisfactorias y humanas a ese colectivo de 2000 millones de ancianos en 2100 (ONU): defiende Durán la libre autonomía de las personas mayores a través de «un envejecimiento activo», y la dignidad de ese estadío en unas residencias habitables y asequibles, por lo que se nos muestra un nicho de oportunidades, desde los diversos aspectos socioeconómicos (sanitario-asistencial, de creación de empleos dignos, de relaciones afectivas y psicológicas) que el Estado del Bienestar no puede ignorar.

Retomando a Herrero en su intervención videográfica, refiere la economista feminista los rasgos que suelen acompañar casi siempre el modelo capitalista (menos o más desaforado): apropiación y explotación de lo público y degradación asegurada del territorio, el acúmulo de beneficio en unas pocas manos, inevitable proletarización de los habitantes de esos lugares, con la consiguiente pérdida de sus derechos, y la probable huída de los mismos hacia otro sitio menos hostil.

Las propuestas ecofeministas que propone Herrero se basan en un empoderamiento social de las clases populares, cifrándose en unos vectores de fuerza que vayan de abajo a arriba y a ambos lados; las fórmulas van desde el cooperativismo hasta el asocianismo en los barrios pasando por el activismo social ejemplificado en la Plataforma Antidesahucios (PAH). Coincide en este sentido Carrasco con ella cuando propugna la lucha de los particulares frente a la desigualdad entre géneros en primera instancia, puesto que si movimientos ideológicos como el socialismo actual sigue postulando que las diferencias entre sexos solo podrán soslayarse con acciones político-jurídicas y no con un cambio sustancial de los varones con respecto a asumir la corresponsabilidad dentro del hogar y en la tarea de cuidados y de afectos, ella no se siente concernida con esos postulados.

Concluye Yayo Herrero que si realmente queremos vencer el «ecofascismo» (económico, político, militar) solo podremos conseguirlo a través de la solidaridad, lugar común donde confluyen nuestra naturaleza (humana) ecodependiente e interdependiente, que dará pie a una redistribución más justa de la riqueza y de los recursos entre toda la humanidad como también propugna Amaia Orozco, en uno de sus movimientos estratégicos frente a la crisis de 2008 perfectamente extrapolable a la actual, donde se añaden salarios, prestaciones sociales, e incluso un nuevo reparto entre cuidados y trabajos en el hogar, diferenciando entre éstos los necesarios para el buen vivir de los que ella nombra como alienados y que perpetúan «el proceso de valorización de capital y no reproducen la buena vida».

Carrasco, Cristina: La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? (2001)

Carrasco, Cristina: Mujeres, sostenibilidad y deuda social (2009)

Carrasco, Cristina: Entre el capital y la vida (2009)

Durán, Mª Á.: Hay que pensar otra forma de estar en el mundo…

https://www.youtube.com/watch?v=R9fzzJXKRos&feature=emb_rel_end

Herrero, Yayo: Propuestas ecofeministas para transitar un mundo justo y sostenible (2013)

Pérez Orozco, Amaia: Diagnóstico de la crisis y respuestas desde la economía feminista (2010)

¿Son realmente eficaces los Planes de Igualdad?

¿Debe ser el Ordenamiento Jurídico el catalizador para propiciar nuevas costumbres y actitudes sociales? ¿O son éstas últimas, las que han de instar los cambios normativos que afiancen y reconozcan un nuevo orden social y económico, en punto a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres? Habitualmente, las leyes vienen a consagrar un conocimiento y un sentir generalizados en el seno de la sociedad en la que nacen y evolucionan, aunque, reconozcámoslo, existen algunos hitos normativos que encabezan y devienen en drásticos cambios sociales. En este sentido, en nuestro país hemos de recordar la ley del Divorcio (1981), o la Ley de la Dependencia (2006).

La que hoy nos ocupa, sigue la misma estela que dibujó la paradigmática, para todo el Estado, LOIEMH (Ley 3/07, de 22 de marzo), y que en el ámbito andaluz, en virtud de nuestro ámbito competencial, fue aprobada poco después (Ley Promoción de la Igualdad de Género de Andaluza, PIGA en adelante, de 26 de noviembre de 2007). La Ley 3/07 propuso un novedoso instrumento de diagnóstico, evaluación y seguimiento y corrección de la desigualdad entre ambos sexos como fueron los Planes de Igualdad, y que abarcaban desde instituciones y administraciones pública hasta las organizaciones empresariales.

Los Planes de Igualdad son cuestionados por algun@s autor@s si son el único instrumento medidor-corrector de la desigualdad de género o porque, en el caso de una mala implementación de los mismos, sus pretendidos efectos beneficiosos y rectificadores devienen, en no pocas ocasiones, en efectos livianos, inocuos, e incluso, contraproducentes (Bustelo y Lombardo, 2006; o Torns, 2005).

Desde principios de 2018, en nuestra Comunidad Autónoma, se inició el procedimiento para modificar la Ley PIGA que, a pesar de albergar buenísimas intenciones e instrumentos adecuados en su día para ir aminorando la desigualdad manifiesta entre mujeres y hombres, se han podido comprobar sus carencias y limitaciones, por lo que era aconsejable una actualización sustancial del citado instrumento normativo materializado poco antes de finalizar el año.

La nueva ley invoca los principios de la Carta Magna, igualdad formal y también material, además de la exclusividad competencial que aquélla otorga a la CAA en materia de políticas de género, queriendo así propiciar la igualdad efectiva de las andaluzas y de los andaluces, a través de una democracia paritaria y una plena incorporación a la vida social de las mujeres.

El legislador comunitario y el estatal entienden que parte del éxito para una verdadera y real igualdad, ha de circunscribirse principalmente al ámbito laboral (perfectamente dibujado en uno de los compromisos estratégicos de la UE para el trienio 2016-2019), aumentando la participación de la mujer en el mercado laboral, promoviendo con ello su independencia económica, e intentando a su vez reducir la disparidad existente en materia de retribuciones e ingresos y pensiones, recordando así una mayor prevalencia de la pobreza femenina. No obstante la mayoría de analistas y literatura publicada a este respecto coinciden en que la conciliación no ha de ser exclusivamente una problemática femenina y que las políticas que se diseñen al efecto no han de dirigirse solo a las mujeres (Torns, T., citando a Macinnes o a Villa)

Junto a la PIGA, se vertebra paralelamente un Pacto Andaluz (por la Igualdad de Género) en el que participan la administración autonómica y demás entidades sociales involucradas. Se crea ex professo un grupo de trabajo que revisará la situación actual en materia de igualdad, promoviéndola de paso y arrostrando la violencia de género en nuestra región; con las conclusiones que aquél emita, se buscará una modernización adecuada de la norma con la contribución insoslayable de las principales organizaciones femeninas, pero entre ellas no han de faltar las brillantes e interesantísimas políticas que Macinnes recuerda que Reino Unido lleva a cabo, las denominadas work life balance (una suerte de equilibrio real y de justicia social que huye del polo del mercado para acercarse hasta casi tocar el otro, el de la sostenibilidad de la vida humana).

Así que las medidas de la nueva PIGA, al extender dichos planes de actuación a los Ayuntamientos, o la ineludible y necesarias coeducación y corresponsabilidad, en el ámbito educativo, pasando por la creación de Unidades de Género universitarias; o la remoción de obstáculos que impidan un amplio acceso a la ciencia e investigación de las mujeres, con mecanismos evitadores de sesgo en los procesos de investigación, desarrollo e innovación, tendrán un recorrido limitado, si a ellas no se suman, la promoción de servicios de atención a la vida diaria (SAD, en inglés) y que deben formar parte de cualquier estado del bienestar que se precie de serlo (Daly-Lewis, citadas nuevamente por Torns).

Las políticas de empleo que atajen la brecha salarial entre géneros, así como las políticas de promoción y atención a las mujeres en el deporte o la cultura, o el refuerzo para la garantía de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades que representa el Instituto Andaluz de la Mujer con facultades para recoger, investigar e informar al respecto en su caso, serán bienvenidas en su caso, si también se atiende al cuidado y atención a las personas mayores dependientes, a la mejora y la profesionalización de los Servicios Sociales y Personales y, como no, a la erradicación de la precariedad laboral en esos sectores de la dependencia (Bettio y otros, vueltos a citar por Torns) .

Como corolario cabría destacar la sentencia de Vega-Solís, C. y Mtnez.-Buján, R. que afirma que «a más exigencias laborales, a más precariedad, a mayores recortes en inversión y servicios, más se cargan las familias y las mujeres en su seno», o esta otra de Campillo, I.: «Así, se sostiene que la clave para entender el avance –y posterior declive– de las políticas de conciliación en España es la interacción entre la coyuntura económica y los recursos de poder de las mujeres, sin negar la importancia de otras variables como los nuevos riesgos sociales, la influencia europea y el legado institucional.» (la cursiva es mía).

BUSTELO, M. y LOMBARDO, E. 2006.
Políticas de igualdad en España y en Europa. Afinando la mirada – pp 11-35
CAPITULO I ¿QUÉ HAY DEBAJO DE LA ALFOMBRA DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD? UN ANÁLISIS DE ‘MARCOS INTERPRETATIVOS’ EN ESPAÑA Y EN EUROPA

TORNS, Teresa. 2005. «De la imposible conciliación a los permanentes malos arreglos». Cuadernos de Relaciones Laborales 2005, 23, núm. 1 15-33 ISSN: 1131-8635

CAMPILLO POZAS, INÉS. 2015.
Desarrollo y crisis de las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en España (1997-2014). Un marco explicativo
Investigaciones Feministas ISSN: 2171-6080 2014, vol. 5 207-231 http://dx.doi.org/10.5209/rev_INFE.2014.v5.47759

VEGA-SOLÍS, C. y MTNEZ.-BUJÁN, R. 2017. Explorando el lugar de lo comunitario en los estudios de género sobre sostenibilidad, reproducción y cuidados
Número 22 (2) Any 2017 pp. 65-81 ISSN: 1696-8298 http://www.antropologia.cat

Ley 9/2018, de 08 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (B0E de 07 de noviembre de 2018, nº 269)

https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-da-luz-verde-martes-anteproyecto-modificacion-ley-promocion-igualdad-genero-20180305220539.html

El sesgo de género en las estadísticas oficiales: la EPA

Se piensa con bastante asiduidad que el trabajo doméstico, las tradicionalmente denominadas tareas del hogar, no es un trabajo al uso pues se le otorga poca importancia y se valora socialmente menos que el trabajo remunerado. La economista Amaia P. Orozco, en una entrevista a un medio digital, recalca la fragilidad del sistema de cuidados en nuestro actual modelo socioeconómico, que ha tenido y tiene su principal punto de anclaje en los hogares, y que en la actual crisis del COVID-19 está enseñando sus débiles costuras.

Poco antes de la celebración del 8 de marzo de este año, el mismo medio digital sacó en una edición los datos relativos a la población inactiva de nuestro país, extraídos de la última EPA confeccionada por el INE (último trimestre de 2019), donde se dejaban entrever algunos indicadores esclarecedores.

De entrada, cabe discrepar con la categoría usada en la EPA, cuando encuadra en población inactiva (obviamente en contraposición a la activa, incluyendo ésta a ocupados y desempleados), desde jubiladas/os hasta «amas de casa» (y no tanto, desgraciadamente, «amos de casa») puesto que denota un desconocimiento, cuando no desdén, hacia el esfuerzo ímprobo que suponen toda la lista de tareas domésticas y de los cuidados y afectos que en la unidad familiar se brindan, más allá del sector productivo, remunerado y masculinizado, que es el que refleja la EPA, tal como dictaminan Carrasco y Mayordomo en su artículo «Los Modelos y las Estadísticas de Empleo como construccción de social: la encuesta de población activa y el sesgo de género». Conviniendo destacar, a tenor del citado estudio, la difícil valoración mercantil que a aquellas tareas y cuidados cabría dar.

Según la encuesta reseñada, las mujeres inactivas (6 de cada 10 aproximadamente, de 16 a 65 años), y por descontado también las activas, cuidan más, a la luz de los datos que arroja, y recogidos en «eldiario.es» del pasado 02/03/20: hasta 15 puntos porcentuales más (17 frente al 2%). Además, casi diez veces más, en torno al 5% de las mujeres son/están inactivas (ni están «ocupadas» ni se encuentran en posición activa de empleo u ocupación) por «dedicarse al cuidado de hijos, adultos enfermos o personas mayores o con discapacidad» frente al pírrico 0,5% de los varones, o cuando afirman que casi ocho veces más, ellas que ellos, son inactivas por razones de «otras obligaciones familiares o personales».

Con estas incontestables cifras, cabe concluir que la EPA, al embolsar en el grupo de inactivos todas las actividades que están fuera de la órbita mercantil, y que se circunscriben principalmente al ámbito del hogar –desde tareas domésticas hasta el cuidado de personas con discapacidad de la unidad familiar pasando por dispensar afectos y apoyo emocional y psicológico a todos ellos–, y estar todas desempeñadas en una proporción altísima y casi exclusiva por mujeres, se está minusvalorando, cuando no invisibilizando, la labor de las mujeres inactivas.

En igual sentido, el trabajo/empleo (al margen del concepto doctrinal que otorga a este último la consabida contraprestación económica a cambio de una prestación laboral o de servicios), desarrollado en la casi totalidad de los hogares españoles por infinidad de mujeres mal llamadas inactivas, adolece de un claro sesgo ya que, tanto los conceptos como las categorías, tasas e índices que se manejan en la EPA, deberían construirse con perspectiva de género, e incluso por qué no, ha de cuantificarse económicamentemente, puesto que el trabajo «impagable» que realizan y que es fundamental, no solo para la sociedad en su conjunto, sino también para un despliegue más eficiente de la esfera mercantil, independientemente del género de quien las ejecute (op. cit.).

Un dato que no debemos pasar por alto y que también consigna la EPA trimestral del INE, son las secuelas provocadas por una menor presencia femenina en el «sector productivo» y remunerado que la de sus compañeros masculinos, ya que su vida laboral, de promedio, es más corta e irregular, debido a sus habituales entradas y salidas del mercado laboral remunerado. Ello acarrea una más baja cuantía de sus pensiones con respecto a los hombres (casi un 35% menor), por lo que se puede hablar, abiertamente, de brecha de género en este sentido, además de que se observa también que las mujeres ocupan los escalones inferiores en lo que respecta a la cuantía de las mismas, de modo mayoritario.

Esa irregularidad en la vida laboral de las mujeres, cuando no baja presencia en los ámbitos del mercado remunerado, es la consecuencia de un cúmulo de circunstancias como el endosamiento, casi exclusivo, de las tareas domésticas y de cuidados, que la sociedad patriarcal les adjudica; a ello habría que añadir las etapas vitales de maternidad y crianza de muchas de ellas, no contando para ello, desgraciadamente, con muchas ayudas por parte de la Administración Pública (en forma de subsidios o de infraestructuras adecuadas para ayudar a conciliar la vida familiar y de cuidados con la laboral), por lo que se las penaliza injustamente.

Recientemente, con la implantanción de permisos de maternidad y paternidad más extensos en el tiempo e intrasferibles, parece que se podrá lograr una mayor y mejor implicación de los varones en las tareas del hogar y de los cuidados, con la anuencia de los Poderes Públicos y una mayor concienciación en la importancia de los lazos afectivos y psicológicos que debe recibir la infancia desde esos primeros momentos, y de paso, fijar unas medidas básicas para coadyuvar al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria en materia de género.

Carrasco, C. y Mayordomo, M., Los modelos y estadísticas de empleo como construcción social: la encuesta de población activa y el sesgo de género (2000), «Política y Sociedad», 34, Madrid (pp. 101-112)

Carrasco, C., Hacia una nueva metodología para el estudio del tiempo y del trabajo (2001) (pp. 1-19)

https://www.eldiario.es/economia/Amaia-Perez-Orozco_0_1011399352.html

https://www.eldiario.es/sociedad/DATOS-cifras-detras-revuelta-feminista_0_1001600568.html#cuidados